Concurso de acreedores

Debido a la difícil situación económica que atraviesan muchas empresas en este momento, es muy habitual escuchar entre los amigos y familiares, así como en los medios de comunicación, que cierta empresa se ha declarado en concurso de acreedores, pero... ¿Qué significa esto? Se trata de un procedimiento judicial utilizado por las personas físicas o jurídicas que no pueden hacer frente al pago de las deudas con sus acreedores. Se puede distinguir entre un concurso voluntario, cuando es solicitado por los administradores de la empresa, o un concurso forzoso, cuando es solicitado por uno o más acreedores. El juez nombrará a los administradores concursales para gestionar la empresa durante todo el proceso del concurso de acreedores, cuyo objetivo será explorar todas las posibilidades para intentar garantizar su supervivencia y liquidar las deudas. Es importante recalcar que el objetivo principal del concurso es la continuidad de la empresa, siendo su liquidación la última opción a tener en cuenta, determinar lo que debe y lo que tiene (el activo y el pasivo de la empresa), con el objetivo de “lograr la satisfacción de los acreedores” teniendo en cuenta que mientras dure el proceso la empresa concursada debe mantener su actividad y debe garantizarse que el deudor pueda seguir trabajando y obteniendo ingresos. Si lo que preocupa es la duración del concurso de acreedores, señalar que no hay un tiempo máximo establecido, dependerá de la carga de trabajo del juzgado donde se tramite. Se inicia con el trabajo del administrador concursal  quien, en un plazo que de media dura entre dos y tres meses, emite un informe en el que se detalla la situación de la empresa. Llegado el momento se tendrá que decidir si la empresa la situación económica de la empresa ofrece viabilidad o no y, por tanto, se establece un convenio para intentar revertir la situación económica. Si la situación se solucionara favorablemente en el concurso de acreedores, quienes primero cobrarían serían los trabajadores, seguido de la administración pública, entidades financieras y proveedores, respectivamente.  

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